La legalidad ilegalizada o la búsqueda del acta de defunción del franquismo

Vivimos en una sociedad que tiene serios problemas con la legalidad, entre otras cosas porque siguen existiendo zonas en las que la cultura del franquismo ha sobrevivido y la democracia no ha puesto límites ni a los representantes de la dictadura, ni a sus defensores, ni los comportamientos y hábitos creados en esos años oscuros.

Vemos cómo se debate la cuestión relativa a los crucifijos de las escuelas cuando es algo que debería estar solucionado desde la aprobación de la Constitución, que declara la aconfesionalidad del Estado. Pero durante muchos años ese mismo Estado ha incumplido sus obligaciones por no enfrentarse a poderes que habían conquistado privilegios en la dictadura.

Veo cómo se aprueba una ley de la memoria que impide la exaltación de la dictadura en el Valle de los Caídos. Pero si leo la portada del pasado 21 de noviembre de algunos periódicos observo en una fotografía a un grupo de energúmenos con el brazo en alto, dando vivas al mayor asesino de nuestra historia. Mientras tanto, la policía en Euskadi retira las fotografías de los presos de ETA de las herriko tabernas, pero en Madrid todavía hay Plaza del Caudillo y Arco de la Victoria y ningún policía detiene a los responsables municipales por colaboracionismo y mantenimiento de la apología.

Leo una noticia en la que se dice que Arantxa Sánchez Vicario ha evadido fiscalmente 3,5 millones de euros entre los años 1989 y 1993. Es curioso el lenguaje eufemístico que se utiliza para algunos delitos: lo que ha hecho la tenista es robarle al Estado (a todas y a todos nosotros) dinero suficiente como para construir una escuela. Pero no veo que sea detenida y encarcelada por ello por tratarse de un delito llevado a cabo con conocimiento de causa.

El franquismo ilegalizó la legalidad y esa fue la dinámica social y administrativa durante cuarenta años. Ayer, en una conferencia en la Universidad de Ciudad Real, el abogado y politólogo Joan Garcés explicaba que más del 50% de los jueces de las distintas salas del Tribunal Supremo había jurado fidelidad al movimiento. Esos son los pilares de esta democracia. Quizá habría que picarlos, dejar que se sequen sus humedades y recomponerlos desde un principio de legalidad democrático que debe ser inflexible en su flexibilidad. Así podríamos escribir por fin el acta de defunción del franquismo.

 

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