Por enésima vez sublevados
Algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han vuelto a sublevarse contra una ley del Estado. Se trata de un tic que han repetido en ocasiones anteriores: con la asignatura de educación para la ciudadanía o con la ley de dependencia. Un ejercicio de doble moral que les permite deferenciarse del Gobierno y les moviliza a un cierto sector social.
Duante el mandato de José María Aznar, en los cuatro años triunfales de mayoría absoluta popular, quienes ahora hablan de crimen, desprotección de las mujeres y causa de daños irreparables a las embarazadas que interrumpen su gestación, no tocaron la legislación vigente al respecto. Consintieron “ese genocidio” que ahora denuncian porque todo vale si ayuda a conseguir votos o a no perderlos.
Entonces, ninguna de las organizaciones que se declaran defensoras de la vida y hacen compatible la negación del aborto y la existencia de la pena de muerte protestaron ni defendieron a esas mujeres y a esos fetos a los que ahora dicen representar. Franco creo una amplia cultura del estómago agradecido, algo que ha calado firmemente en parte de nuestra cultura política actual y que está integrada en amplios sectores de la izquierda y de la derecha.
Algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras acusando de genocidio al gobierno del PSOE no tienen más páginas escritas en su libro de familia porque sus madres estuvieron en Londres, abortando lejos de casa en supuestos viajes para la compra de ropa o el aprendizaje del idioma inglés.
Lo más lamentable de todo es que el Estado no tenga o no ejerza las condiciones para obligar al cumplimiento de la ley. Ante este tipo de situaciones debería regularse la existencia de mecanismos que obliguen a cumplir las leyes porque se trata de un hecho extremadamente grave que quienes deben ser ejemplares: “no vean razones” para cumplirlas, como ha dicho el presidente de la comunidad autónma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Que no vea razones para cumplir una ley aprobada por un Gobierno legítimo podría querer decir que tiene un problema de miopía democrática.
Por no hablar de Fraga que en una entrevista al diario The New York Times ha afirmado que Garzón: “debería estar lo más lejos posible de España”. Lo mismo pensaba Franco del medio millón de exiliados y exiliadas de la República. Será que los que tuvieron, retuvieron.