¿El Tribunal Supremo repliega sus velas más oscuras?
Algo está pasando en el Tribunal Supremo. Primero la Falenge sale de la causa por algo tan ridículo como un defecto de forma, tremendamente fácil de subsanar. Después Varela acepta abrir paso a su propia recusación por parte del abogado de Baltasar Garzón, con lo que asoma una vía para otro tipo de solución.
Al mismo tiempo conocemos que Manos Limpias presentó uno de sus recursos fuera de plazo y que el fiscal investiga si el sindicato de extrema derecha fue asesorado por el propio Varela. De pronto un viento sopla en distinta dirección y parece dirigir la orquesta hacia otro movimiento. Pero no debemos pensar que ese nueva lógica en el Supremo es menos sospechosa que la anterior, la que trataba de criminalizar al juez. Parece que alguien ha señalado el camino de salida y ha dicho: “Muchachos, nos hemos pasado, cada mochuelo a su olivo”.
Es curioso que con las misma leyes si alguien quiere puede perseguir al juez y con las mismas leyes alguien puede dejar de perseguirlo. Vaya cosas pasan en los altos tribunales.
UNA INTERPRETACIÓN.
Algo ha hecho crack en este proceso y las fuerzas se han alineado de otra manera. ¿Habrá sido el Gobierno?¿Habrá sido la gira de la Vice defendiendo la ley de Amnistía? Pueden ser una conjunción de cosas pero posiblemente ni el Poder Judicial español, ni los privilegios franquistas cuyo poder social sigue vigente, querrían enfrentarse a la posibilidad de que por el Tribunal Supremo y para testificar en el juicio contra Garzón, desfilaran los más prestigiosos penalistas del mundo, repartiendo a diestro y siniestro un derecho internacional que los tribunales españoles, en los reductos de su autarquía, no quieren aplicar. ¿Es eso prevaricación internacional?
El Consejo General del Poder Judicial no podría soportar tanta tristeza. En repetidas ocasiones su portavoz ha declarado que les da da mucha pena el daño que está sufriendo la imagen del Tribunal Supremo en todo este proceso. Si se celebrara esa vista oral el daño se multiplicaría. Lástima de un Consejo General del Poder Judicial al que le apenara el hecho de no poder dar acceso a la justicia a las familias de los 113.000 desaparecidos por la represión franquista que hay en el Estado español. Ah, pero eso ocurre en democracias sin impunidad.