¿Qué hacer con los tejedores de impunidad para los asesinos de Couso?

Los papeles que Wikileaks está sacando a la luz huelen que apestan. Gracias a ellos conocemos de verdad las dimensiones del terreno político, que muchas veces se mueve a espaldas de la ciudadanía, del derecho y de la transparencia a la que están obligadas las instituciones y sus titulares.

El caso de José Couso debería llevarse por delante la carrera del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza y de la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que actualmente forma parte del Consejo de Estado (ese cementerio de privilegiados elefantes). Se trata de casos de deslealtad extrema y no puedan quedarse en un soplo ruidoso.

El de los dos fiscales es un hecho de extrema gravedad, porque su deber constitucional, por lo que la ciudadanía les ha contratado, es producir justicia y defender a las víctimas de delitos. Su uso del poder judicial para intereses tan oscuros y alejados de la justicia debe tener consecuencias, en un país con un Poder Judicial que premia a quienes obstaculizan la justicia (ellos) y castiga a quienes la agilizan (caso Garzón en los críemenes de la dictadura franquista).

En el caso de la ex vicepresidenta: ¿cómo ha podido defender intereses ajenos a España alguien elegida, nombrada y pagada para todo lo contrario? ¿no es este un caso de alta traición? Sigue leyendo

Otra democracia debería ser posible

Es fácil imaginar el escándalo que se produciría. No habría existido otro igual. Sería una perversión de la democracia, algo sin precedentes (¡quién lo diría!¡cómo se le ocurre a un presidente hacer eso!). El presidente del Gobierno reunido en el Palacio de la Moncloa con 37 representantes sociales: de asociaciones de vecinos, de mujeres rurales, varios sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios, médicos, maestros, cooperantes al desarrollo, voluntarios, escritores, músicos…

Es posible que nuestra actual democracia no lo resistiera,  pero ¿qué democracias creamos en las que los interlocutores del Estado son los gestores del IBEX 35 y algunos que no cotizan en bolsa pero manejan grandísimos capitales? ¿Por qué el Gobierno no invita a hablar de la crisis en la Moncloa a los ciudadanos de a pie? ¿O sólo interesa el discurso de quienes tienen intereses macroeconómicos? ¿Será que no se quiere escuchar a la gente normal y corriente?

Si como dice la Constitución, todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, ¿por qué la gente corriente no tiene un encuentro con el presidente? Esa discriminación es grave, pero lo más grave es cómo nos acostumbramos a que todas esas deformaciones nos parezcan normales.

¿Para qué una Unión Europea que no combate al fascismo financiero?

En los años ochenta, cuando este país comenzaba a desentumecerse de los cuarenta años de dictadura (todavía no ha terminado de hacerlo) la Unión Europea era la oportunidad de salir de la caverna a un mundo en el que la democracia era sólida, una especie de paraíso que nos iba a permitir abandonar el infierno franquista, que nos iba a convertir en otra sociedad más culta, más solidaria, con mucho poder civil y poco militar.

Comenzó con la entrada en esa Europa a dispararse nuestro desarrollo económico y entre los años 1986 y 1989 iniciamos un despegue económico sin precedentes, que transformó nuestra sociedad en la superficie (cambiarla en el contenido es mucho más lento). Hasta entonces tener cultura tenía un valor, una relevancia. Pero la explosión económica produjo un cambio cultural: el de la cultura del pelotazo. Los adolescentes ya no querían ser Rafael Alberti o Carmen Martín Gaite; ahora había que ser Mario Conde.

Así llegaron los noventa y el Tratado de Maastricht; la primera gran pieza que cazan los neoliberales mineralizados y vitaminados con la caída del Muro de Berlín. Ese tratado, con la excusa de acabar con alguna frontera y unir un continente, supuso la privatización de miles y miles de millones de euros; un patrimonio de los ciudadanos de la Unión que pasó a pertener principalmente a los bancos y a otros accionistas. Con ese tratado los Estados hincaron una rodilla en el suelo ante “los mercados”. El lenguaje cotidiano de los medios de comunicación se llenó de términos mercantiles y los informativos abrieron un amplio espacio a la información sobre la bolsa financiera. Sigue leyendo

La Suma de Todos; ¿La Suma de Votos?

Hace unas semanas que los medios de comunicación, las marquesinas de los autobuses y las páginas de los periódicos se han superpoblado de todo tipo de anuncios financiados por la Comunidad de Madrid, dentro de su campaña “La Suma de Todos”.

La campaña nos debe costar a los habitantes de la Comunidad de Madrid varios millones de euros. Pero mucho más que la propaganda aguirrista cuesta entender la utilidad de la misma, salvo que piense en que nos acercamos a unas elecciones, para las que faltan exactamente seis meses, y que los cachorros electorales de Espe saben que la suma de todos suma votos.

Es tremandamente lamentable que la CAM se esté gastando millones de euros en una campaña de utilidad tan limitada o de inutilidad tan ilimitada. Y que lo haga mientras la falta de financiación está siendo un argumento para abandonar a los servicios públicos a su suerte, permitir que se deterioren y dejar de practicar políticas públicas.

¡Por responsabilidad: HAZ CIRCULAR LA CORRECCIÓN DE ESA IMAGEN PARA DESACTIVARLA! ¡PASALOOOOO!

La publicidad engañosa del Consejo General del Poder Judicial

Por primera vez en su historia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha una campaña de imagen. Se trata, sin duda, de un intento por recomponer los platos rotos por la persecución que desde el Tribunal Supremo se ha dirigido contra el juez Baltasar Garzón. El daño que han hecho quienes quieren derribar al juez, haciendo uso de la justicia, lo pagamos a escote.

Pero cuando uno se mueve en terrenos publicitarios y lo que pretende es encubrir a quienes desde el Poder Judicial están despreciando a las víctimas del franquismo, corre el riesgo de caer en el uso de la publicidad engañosa. Es lo que le ha ocurrido al CGPJ y para muestra esta imagen. El eslogan dice: “Que todos seamos iguales ante la ley: es de justicia”. Pero resulta que en este país hay 113.000 familias de hombres y mujeres que permenacen desaparecidos y ese Poder Judicial no hace nada por ellas, porque sean iguales ante la ley.

Otro de los carteles de la campaña dice así: “Que los derechos de cada uno nunca estén en peligro: es de justicia”.

Según el Derecho Penal la desaparición forzada es uno de los delitos más graves que existen. Se trata de la suma de varias acciones criminales de extrema gravedad: secuestro, tortura, asesinato y ocultación de un cadáver. También es un delito permanente porque se comete cada nuevo día. Eso quiere decir que hoy están volviendo a desaparecer en España 113.000 hombres y mujeres. ¿ Y qué hace la justicia española por ellos?…..publicidad engañosa.

(Para ver el vídeo de presentación de la campaña
pincha esta imagen)

(Posdata: Mi máximo respeto por los jueces, las juezas y todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones judiciales que realmente construyen justicia)